El Estadio Nacional vuelve a ser el centro de la polémica del fútbol chileno. El coliseo de Ñuñoa, que por más de tres años estuvo cerrado para el Campeonato Nacional (exceptuando un Clásico Universitario en 2022), fue el escenario de la violencia que se vivió en la Supercopa que jugaron Huachipato y Colo Colo. En la galería norte, barristas del cuadro albo generaron desmanes, un incendio, enfrentamientos con Carabineros y personal de seguridad y destrozos en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos.
En el gobierno hay preocupación por el uso del recinto, cuya administración la lleva el Instituto Nacional de Deportes. De hecho, es el IND la entidad que negocia el arriendo del principal estadio del país con quien quiera hacer uso del reducto. Hace algunos días el actor principal era Azul Azul. Finalmente, luego de una suspensión de por medio, Universidad de Chile volverá a jugar este sábado frente a Audax Italiano. Sin embargo, cuando fue la Supercopa, el vínculo fue con la Federación de Fútbol de Chile en su rol de organizador del duelo.
El medio Deportivo tuvo acceso al contrato entre el IND y la FFCh, donde se dejaban en claro cuales eran las responsabilidades previas de ambas instituciones. Uno de los primeros elementos que se tocan son las 277 entradas de cortesía que debían ser otorgadas al IND. Luego se exponen los conceptos de dinero. En el documento se detallan los montos y se dejaban en claro los puntos en caso de que sucedieran desmanes. Lo que finalmente ocurrió.
“El organizador pagará al IND, por concepto de uso del Coliseo Central del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, dentro del 30º día hábil siguiente de realizado el espectáculo deportivo, la siguiente suma de dinero: 1. Una tarifa fija por cada jornada, que corresponda según la siguiente tabla: a) $8.000.000.- I.V.A. incluido, por cada partido que tenga una asistencia menor a 15.000 personas. b) $ 14.000.000.- I.V.A. incluido, por cada partido que tenga una asistencia mayor 15.000 personas c) Se cobrará un porcentaje equivalente al 6% de la recaudación bruta por concepto de venta de entradas y tarjeta de abonados, I.V.A. incluido”.
Después se especifica que el ente presidido por Pablo Milad tenía que devolver el Estadio Nacional hasta 24 horas después de terminado el compromiso y “en las mismas condiciones en que fueron recibidas, si perjuicio de las reparaciones o reposiciones que el organizador deba realizar, según lo establecido en el presente contrato”. Está a la vista que el reducto sufrió con las consecuencias de la violencia.
El rol desde Quilín
En el contrato dicen cuales eran las obligaciones que se le exigieron a la FFCh como organizadora del evento. Entre ellos estaba disponer de contenedores para la basura, disponer del personal de control de puertas, además de todos los elementos deportivos necesarios para que se juegue el partido. También la contratación de personal de aseo. Claro que uno de los puntos más extensos tiene que ver con la seguridad.
“Contratar un Jefe de Seguridad registrado ante la Intendencia Regional, el cual será encargado de coordinar la seguridad en el recinto deportivo, para lo cual deberá contar con un contingente de guardias de seguridad privada al menos en la cantidad exigida por la Intendencia Regional. Dicho contingente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso de ser necesario para velar por el imperio de la ley”, señala el escrito.
Junto a lo anterior se exigían ambulancias y el “cumplimiento de las instrucciones impartidas por la autoridad”. Además, se le exigió a la FFCh colaborar con el IND en caso de posteriores investigaciones. “El usuario tendrá la obligación de colaborar activamente con la defensa del instituto en todo proceso administrativo o judicial que se ventile ante las Municipalidades, Juzgados de Policía Local, Juzgados de Letras u otros organismos, en contra del Instituto Nacional de Deportes de Chile, y que tenga su origen en cualquier denuncia, demanda, querella u otra presentación motivada por los perjuicios, infracciones legales o reglamentarias, etc., que se hayan generado con motivo del uso que el organizador efectúe sobre el espacio cedido. Asimismo, el usuario estará obligado a rembolsar al IND las sumas que éste haya debido pagar por concepto de multas, indemnizaciones u otros, impuestas al instituto como consecuencia de dichos procesos”.
Uno de los lugares que más sufrió las consecuencias de la turba que ingresó al campo de juego fue la pista atlética. De hecho, en ese sector quedó ubicada una fracción de la Garra Blanca mientras se jugaba el segundo tiempo. En el contrato se puede ver que la federación tuvo que exhibir con antelación la carpeta de protección. “Es responsabilidad del organizador la protección de la pista del Coliseo Central del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ante quemaduras, roturas y otro tipo de daños. La pista sintética deberá ser protegida y el mecanismo utilizado debe ser aprobado por el IND. De producirse daños en la infraestructura, éstos serán cuantificados valorados e informados por el administrador del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos al organizador en un plazo no mayor a 48 horas, contado a partir del día hábil siguiente al espectáculo”.
De acuerdo al catastro entregado por las autoridades en el día después de los incidentes, 300 asientos fueron malogrados. “Para el caso de las butacas que sean dañadas serán repuestas a razón de $49.000 cada una de ellas, más valor de instalación unitario de $9.520 para las instaladas sobre ex velódromo y $13.090 para las instaladas en sector ex velódromo. Las butacas que queden desajustadas requerirán trabajos de conservación, los cuales están valorizados en $9.520 por butaca. Todos valores con IVA incluido”, detallaba el contrato de arriendo.
Daños diferentes a los señalados y que ocurriesen en la infraestructura del recinto con ocasión del encuentro deportivo, serán repuestos por el organizador, previa evaluación y cuantificación efectuada por la administración del estadio y serán informados al organizador, el que deberá restituir lo dañado con materiales y mano de obra que garantice similar calidad a lo existente y conforme a las normas generales de construcción.
Asumir las responsabilidades y garantías
En el informe policial que terminó siendo clave en la suspensión del duelo entre la U y Cobresal se acusa que ocho funcionarios terminaron heridos por los enfrentamientos con la Garra Blanca y que un hincha quedó en riesgo vital tras caer al foso. Según el acuerdo, todo cae en sus hombros del ente rector del fútbol chileno.
“Será responsabilidad exclusiva de FFCh, cualquier accidente que ocurra en el espacio cedido o en el espacio de acceso facilitado, siendo de su cargo la prevención e implementación de todas las medidas de seguridad necesarias y garantizará, tanto en la integridad física y psíquica de las personas que asistan al encuentro deportivo señalado, como sus pertenencias y los lugares adyacentes, la seguridad de éstas, liberando de toda responsabilidad al Instituto de cualquier perjuicio material o moral a terceros que pudiere producirse con ocasión del encuentro deportivo señalado precedentemente”, dice el documento.
Otro punto importante tiene que ver con las garantías pagadas al IND. Desde Quilín tuvieron que “entregar al instituto a lo menos con 5 días de anticipación al inicio del contrato indicada para el 11 de febrero de 2024, una boleta bancaria a la vista e irrevocable por $30.000.000, con vigencia no inferior a 30 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al encuentro deportivo, señalado, en la que deberá incorporar la glosa cumplimiento del contrato suscrito”.
Esto para asegurar el deposito los montos acordados, pero también para “garantizar el pago de todos los perjuicios, daños, estragos, siniestros, incendios, actos de vandalismo u otros provocados por terceros a causa o con ocasión del espectáculo”.
